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Miguel Ángel Montoya

Delitos societarios

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Qué son los delitos societarios
Los delitos societarios están regulados en los artículos 290 a 295 del Código Penal y sancionan determinadas conductas relacionadas con la correcta administración de las sociedades mercantiles en las relaciones entre sus administradores y los socios o terceros ajenos a la sociedad.

La persona penalmente responsable por la infracción de las conductas que se prohíben en estos artículos serán habitualmente los administradores de la sociedad.

También puede afectar a los socios.

Se entiende por administradores de la sociedad tanto aquellos que están formalmente nombrados conforme a la ley y los estatutos sociales; como aquellos que sin estar nombrados formalmente ejercer funciones propias de administrador.

Los delitos societarios solo pueden ser perseguidos penalmente por denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. La acción penal debe ser iniciada por el perjudicado.

Salvo que concurran alguna de estas dos circunstancias:

En el caso que el delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.
En el caso de que la víctima sea menor de edad o un persona discapacitada o desvalida que necesite de especial protección.
El titulo referido a los delitos societarios en el código penal sanciona cinco supuestos.

El delito de falsedad documental en la sociedad
Previsto en el artículo 290 CP sanciona al administrador de hecho o de derecho en los supuestos de falseamiento de las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la realidad jurídica o económica de la sociedad.

Para que este tipo de falsedad documental sea delito no se exige que cause un perjuicio a los socios o a terceros.

En el supuesto de que estas conductas causaran un perjuicio a los socios o a terceros se prevé imponer las penas en su tramo más alto. La pena por este delito societario de falsear las cuentas anuales o documentos de la sociedad es de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.

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Delito de imposición de acuerdos abusivos
El artículo 291 CP castiga a los prevaliéndose de su posición mayoritaria en la Junta de Accionistas o en el Órgano de Administración de la sociedad impusieran al resto acuerdos abusivos; que no supongan ningún beneficio para la sociedad, pero si que provoquen perjuicios a los demás socios y beneficio a los mayoritarios que han tomado el acuerdo abusivo.

Un acuerdo abusivo sería aquel que por su contenido o por las circunstancias en que se ha adoptado sobrepase manifiestamente los limites del ejercicio de las funciones del socio o administrador.

En este supuesto si que se exige para la comisión del delito que se haya causado un perjuicio a los socios minoritarios.

La pena que contempla este delito es de 6 meses a tres años de prisión o, alternativamente, multa de hasta el triple del beneficio obtenido.

Delito de denegación del derecho de información y participación
El artículo 293 CP castiga a los administradores de hecho o de derecho que negaren o impidieren a los socios el ejercicio al derecho de obtener información, la participación en la gestión o el control de la actividad de la sociedad.

También se sanciona el hecho de impedir a alguno o algunos de los socios el derecho a la suscripción preferente de acciones reconocidos por la ley.

La pena por este delito de denegación del derecho de información y participación en la sociedad será de multa.

Delito de obstrucción de las labores inspectoras o de supervisión

El artículo 294 sanciona penalmente a los administradores de hecho o de derecho de sociedad mercantiles que por Ley estén sujetas a mercados regulados o a supervisión administrativa, cuando se impidiera o se negara la actuación de los órganos supervisores o inspectores.

En este caso el sujeto pasivo no son los socios de la sociedad mercantil, sino que se trata de la Administración Pública en el ejercicio de sus actividades inspectores conforme a las leyes administrativas a las que la sociedad pueda estar sometida.

La pena prevista para este delito es de prisión de 6 meses a 3 años o multa de hasta 24 meses.

Además, podrán imponerse algunas de las medidas prevista en el artículo 129 del Código Penal que pueden ser:

  • La suspensión de las actividades.
  • Clausura de locales y establecimientos.
  • Prohibición de realizar en el futuro determinadas actividades.
  • Inhabilitación para obtención de subvenciones y ayudas públicas.
  • Acceso a beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
  • O la intervención judicial de la actividad.
Delito de administración desleal
La reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015 modificó el delito de administración desleal en el ámbito societario que se trasladó a un tipo de administración desleal más genérico y que trasciende más allá de las sociedades mercantiles.
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