Abogado penalista en Barcelona especialista en delitos societarios

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Los delitos societarios están regulados en los artículos 290 a 295 del Código Penal y sancionan determinadas conductas relacionadas con la correcta administración de las sociedades mercantiles en las relaciones entre sus administradores y los socios o terceros ajenos a la sociedad.

El sujeto activo de los delitos societarios, es decir, la persona penalmente responsable por la infracción de las conductas que se prohíben en estos artículos serán habitualmente los administradores de la sociedad, aunque también puede afectar a los socios. Entendiendo por administradores de la sociedad tanto aquellos que están formalmente nombrados conforme a la ley y los estatutos sociales como aquellos que se conocen como administradores de hecho, es decir, aquellos que sin estar nombrados formalmente ejercer funciones propias de administrador.

Los delitos societarios solo pueden ser perseguidos penalmente por denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. De modo que la fiscalía o los tribunales no pueden actuar de oficio, sino que la acción penal debe ser iniciada por el perjudicado, salvo que concurran alguna de estas dos circunstancias:

  • En el caso que el delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.
  • En el caso de que la víctima sea menor de edad o un persona discapacitada o desvalida que necesite de especial protección.

El titulo referido a los delitos societarios en el código penal sanciona cinco supuestos:

El delito de falsedad documental en la sociedad:

Previsto en el artículo 290 CP sanciona al administrador de hecho o de derecho en los supuestos de falseamiento de las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la realidad jurídica o económica de la sociedad.

Para que este tipo de falsedad documental sea delito no se exige que cause un perjuicio a los socios o a terceros. Es suficiente con que la falsedad se idónea para causarlo, aunque definitivamente el perjuicio no se materialice.

En el supuesto de que estas conductas causaran un perjuicio a los socios o a terceros se prevé imponer las penas en su tramo más alto. La pena por este delito societario de falsear las cuentas anuales o documentos de la sociedad es de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses


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Delito de imposición de acuerdos abusivos:

El artículo 291 CP castiga a los prevaliéndose de su posición mayoritaria en la Junta de Accionistas o en el Órgano de Administración de la sociedad impusieran al resto acuerdos abusivos que no supongan ningún beneficio para la sociedad, pero si que provoquen perjuicios a los demás socios y beneficio a los mayoritarios que han tomado el acuerdo abusivo.

Un acuerdo abusivo sería aquel que por su contenido o por las circunstancias en que se ha adoptado sobrepase manifiestamente los limites del ejercicio de las funciones del socio o administrador.

En este supuesto si que se exige para la comisión del delito que se haya causado un perjuicio a los socios minoritarios.

La pena que contempla este delito es de 6 meses a tres años de prisión o, alternativamente, multa de hasta el triple del beneficio obtenido.

Delito de denegación del derecho de información y participación:

El artículo 293 CP castiga a los administradores de hecho o de derecho que negaren o impidieren a los socios el ejercicio al derecho de obtener información, la participación en la gestión o el control de la actividad de la sociedad.

También se sanciona el hecho de impedir a alguno o algunos de los socios el derecho a la suscripción preferente de acciones reconocidos por la ley.

La pena por este delito de denegación del derecho de información y participación en la sociedad será de multa.

Delito de obstrucción de las labores inspectoras o de supervisión:

El artículo 294 sanciona penalmente a los administradores de hecho o de derecho de sociedad mercantiles que por Ley estén sujetas a mercados regulados o a supervisión administrativa, cuando se impidiera o se negara la actuación de los órganos supervisores o inspectores.

En este caso el sujeto pasivo no son los socios de la sociedad mercantil, sino que se trata de la Administración Pública en el ejercicio de sus actividades inspectores conforme a las leyes administrativas a las que la sociedad pueda estar sometida.

La pena prevista para este delito es de prisión de 6 meses a 3 años o multa de hasta 24 meses.

Además, podrán imponerse algunas de las medidas prevista en el artículo 129 del Código Penal que pueden ser:

  • La suspensión de las actividades.
  • Clausura de locales y establecimientos.
  • Prohibición de realizar en el futuro determinadas actividades.
  • Inhabilitación para obtención de subvenciones y ayudas públicas.
  • Acceso a beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
  • O la intervención judicial de la actividad.

Delito de administración desleal:

La reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015 modificó el delito de administración desleal en el ámbito societario que se trasladó a un tipo de administración desleal más genérico y que trasciende más allá de las sociedades mercantiles.

Si deseas información sobre el delito de administración desleal del artículo 252 del Código Penal y su afectación al derecho penal societario puedes consultarlo aquí


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