Autor: Miguel Ángel Montoya

La Sentencia de 5 de noviembre de 2020 del Pleno de la Sala Segunda del Supremo analiza un supuesto de prescripción de la deuda tributaria.

En este caso, las instancias inferiores habían condenado a los administradores de una sociedad, y a la persona jurídica, por un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal.

Lo interesante de esta sentencia, que falla en favor de los recurrentes, es que lo que se planteó no era la prescripción del delito (De 5 años), sino que alegan en su favor la “infracción del derecho a la intimidad fiscal“. Se alegaba que la investigación por parte de la Agencia Tributaria sobre un fraude de IVA se había realizado cuando la deuda había prescrito conforme a la normativa tributaria (4 años según la LGT) y, en consecuencia, se pedía su nulidad y con ello el decaimiento de todo el procedimiento.

Al hilo del proceso de reestructuración bancaria que parece que se va a producir en nuestro país, de momento ya se ha acordado la de Caixabank con Bankia y se anunciado la de BBVA con el Sabadell, me ha parecido oportuno recatar una resolución de la Audiencia Nacional que se pronunciaba sobre el supuesto de la transmisión de la responsabilidad penal corporativa por la absorción del Popular por el Banco de Santander.

En este auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia se resolvía el recurso planteado por la defensa del Banco de Santander contra la decisión del juzgado central de instrucción de imputarlo en la causa que se seguía contra el Banco Popular.

Ahora que estamos en una situación tan delicada me parece un buen momento para recordar los riesgos penales de determinadas operaciones mercantiles. Y no solo porque estén en marcha varias operaciones de fusión bancarias de alto nivel, sino porque los tiempos de crisis son tiempos de movimientos societarios. Fusiones para aguantar la caída del mercado, absorciones de quienes aprovechan la oportunidad de comprar más barato. Pero también movimientos menos recomendables: Cambios en la estructura societaria o, por supuesto, las adquisiciones encubiertas por la vía de comprar los activos… 🙄.

En fin.

Dice el artículo 11 de la LPOJ que las pruebas obtenidas violentado los derechos fundamentales no surtirán efecto dentro del proceso.

Esta prevención jurídica venia avalada por la STC 114/1984 como garantía objetiva del derecho a un proceso justo . Aquella sentencia decía:

Esta garantía deriva, pues, de la nulidad radical de todo acto —público o, en su caso, privado— violatorio de las situaciones jurídicas reconocidas en la sección primera del capítulo segundo del Título I de la Constitución y de la necesidad institucional por no confirmar, reconociéndolas efectivas, las contravenciones de los mismos derechos fundamentales (el deterrent effect propugnado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Con perdón de la redundancia, cito la cita contenida en este artículo de José María Asencio Mellado.

Es de agradecer a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha visto y fallado sobre el “caso Bankia”, haya dedicado parte de sus fundamentos de derecho a valorar la posible responsabilidad penal de las dos corporaciones que eran juzgadas en este proceso. También lo era BFA (matriz de Bankia) pero a los efectos que aquí nos interesa no entro en la diferencia entre BFA/Bankia.

Y es de agradecer porque en esta apatía de jurisprudencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la que vivimos desde 2016, lo cierto es que lo fácil hubiera sido despacharse el tema por la vía rápida, por la simple conclusión de que no habiendo delito alguno en las personas físicas no puede haber responsabilidad penal de las empresas en cuyo seno actuaban.

Pero a lo importante ¿dice algo interesante en la materia?