Autor: Miguel Ángel Montoya

La reciente STS de la Sala Segunda (Ponente Vicente Magro), que confirma en recurso de casación la condena dictada por la Audiencia Provincial Vizcaya que condenaba al administrador de una sociedad por delitos de fraude de subvenciones y apropiación indebida, nos trae una serie de interesantes reflexiones de las que podemos aprender para prevenir y gestionar el riesgo penal de la empresa y, por supuesto, de sus administradores y directivos.

En resumen se imputa al administrador haber obtenido fraudulentamente una cuantiosa subvención para un proyecto de desarrollo tecnológico para la sociedad que administraba, para lo que falsificó documentación, y una vez obtenida se apropió de los importes incorporándolo a su propio patrimonio o de terceros.

El tipo básico de los delitos de insolvencia es el alzamiento de bienes, tipificado el artículo 257.1. 1º del Código Penal y que tiene una tradición secular en nuestro ordenamiento penal:

Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses:

1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

¿Qué significa esto exactamente?

Estos días ha sido muy nombrada la sentencia de la Sala Segunda de fecha 22 de abril de 2021, 328/21, en la que el Pleno, ratifica las sentencias previas condenatorias a un empresario que, ante la sospecha de comisión de un delito por parte de uno de los empleados, accedió al ordenador corporativo de éste obteniendo capturas de emails de su cuenta personal.

Al parecer, el empleado desarrollaba su actividad a través de un dispositivo corporativo facilitado por la empresa, si bien no se habían establecido protocolos de uso o, al menos, dichos protocolos no incluían ninguna cláusula expresa en el que el trabajador renunciara a la expectativa de privacidad en el uso de los dispositivos facilitados por la empresa.

Por otro lado, se consignaron como hechos probados también que dicho dispositivo tenía una contraseña estándar que era compartida por otros empleados y que otros empleados accedían a su dispositivo en ausencia o vacaciones del titular.

Sentencia de 20/11/2021 en la que la Sala Segunda ratifica una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla por la que se condena a los administradores de una promotora inmobiliara por un delito de estafa impropia del artículo 251. 2º.

En este caso se aplica la modalidad típica que consiste en gravar un bien inmueble que se ha enajenado.

La peculiaridad de este supuesto es que aunque la vendedora estaba autorizada a gravar la finca con un préstamo hipotecario, ésta lo hace por importe y condiciones distintas de las pactadas. Lo que aparentemente es un caso de incumplimiento contractual devine un supuesto de estafa impropia.

Plantea la STS de 9 de abril de 2021, Ponente Sánchez Melgar, la cuestión de la imposición de las costas procesales a la acusación particular. Lo hace en unos fundamentos de derecho muy ilustrativos que dan bastante claridad al estado de la cuestión.

El régimen general sobre las costas en el proceso penal es el que establece el artículo 240.3 de la LECrim. que veta el principio de imposición de costas por vencimiento objetivo, limitándolo a las actuaciones de mala fe o temeridad.