Autor: Miguel Ángel Montoya

El delito de acoso en las relaciones laborales o mobbing está recogido en el artículo 173 del Código Penal dentro del Titulo VII dedicado a las torturas y otros delitos contra la integridad moral.

Sanciona el segundo párrafo del artículo 173 CP a quienes:

en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima

Desglosando el tipo tenemos los siguientes elementos que deben concurrir conjuntamente:

Esta es la noticia con la que nos han dado la matraca los medios mañana, tarde y noche a cuenta de cuatro youtubers gritones de flequillos que desafían las leyes más elementales de la física.

Como siempre mucho ruido y pocas nueces sobre cuestiones que seguro que requiere un análisis más sosegado. Pero esa no es mi materia, y como decía el sabio: Tonto no es el que no sabe, tonto es el que habla sin saber.

La cuestión es que a cuenta del ruido mediático, todos los medios han difundido la noticia en los mismo términos que el titulo de este post.

Que Hacienda controlará con herramientas de big data a los españoles que simulen vivir en el extranjero.

Y cierto es.

La Sentencia de 5 de noviembre de 2020 del Pleno de la Sala Segunda del Supremo analiza un supuesto de prescripción de la deuda tributaria.

En este caso, las instancias inferiores habían condenado a los administradores de una sociedad, y a la persona jurídica, por un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal.

Lo interesante de esta sentencia, que falla en favor de los recurrentes, es que lo que se planteó no era la prescripción del delito (De 5 años), sino que alegan en su favor la “infracción del derecho a la intimidad fiscal“. Se alegaba que la investigación por parte de la Agencia Tributaria sobre un fraude de IVA se había realizado cuando la deuda había prescrito conforme a la normativa tributaria (4 años según la LGT) y, en consecuencia, se pedía su nulidad y con ello el decaimiento de todo el procedimiento.

Al hilo del proceso de reestructuración bancaria que parece que se va a producir en nuestro país, de momento ya se ha acordado la de Caixabank con Bankia y se anunciado la de BBVA con el Sabadell, me ha parecido oportuno recatar una resolución de la Audiencia Nacional que se pronunciaba sobre el supuesto de la transmisión de la responsabilidad penal corporativa por la absorción del Popular por el Banco de Santander.

En este auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia se resolvía el recurso planteado por la defensa del Banco de Santander contra la decisión del juzgado central de instrucción de imputarlo en la causa que se seguía contra el Banco Popular.

Ahora que estamos en una situación tan delicada me parece un buen momento para recordar los riesgos penales de determinadas operaciones mercantiles. Y no solo porque estén en marcha varias operaciones de fusión bancarias de alto nivel, sino porque los tiempos de crisis son tiempos de movimientos societarios. Fusiones para aguantar la caída del mercado, absorciones de quienes aprovechan la oportunidad de comprar más barato. Pero también movimientos menos recomendables: Cambios en la estructura societaria o, por supuesto, las adquisiciones encubiertas por la vía de comprar los activos… 🙄.

En fin.