¿Pueden condenarte con una prueba obtenida ilícitamente? Spoiler: sí

El informático del HSBC Hervé Falciani en la Audiencia Nacional en abril de 2013. | Juan Carlos Hidalgo / Efe
Fotografia: El mundo. Juan Carlos Hidalgo

Dice el artículo 11 de la LPOJ que las pruebas obtenidas violentado los derechos fundamentales no surtirán efecto dentro del proceso.

Esta prevención jurídica venia avalada por la STC 114/1984 como garantía objetiva del derecho a un proceso justo . Aquella sentencia decía:

Esta garantía deriva, pues, de la nulidad radical de todo acto —público o, en su caso, privado— violatorio de las situaciones jurídicas reconocidas en la sección primera del capítulo segundo del Título I de la Constitución y de la necesidad institucional por no confirmar, reconociéndolas efectivas, las contravenciones de los mismos derechos fundamentales (el deterrent effect propugnado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Con perdón de la redundancia, cito la cita contenida en este artículo de José María Asencio Mellado.

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Algunas reflexiones sobre RPPJ en la sentencia del caso Bankia.

La auditora Deloitte imputada en el caso Bankia | Tribunales | Cadena SER

Es de agradecer a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha visto y fallado sobre el “caso Bankia”, haya dedicado parte de sus fundamentos de derecho a valorar la posible responsabilidad penal de las dos corporaciones que eran juzgadas en este proceso. También lo era BFA (matriz de Bankia) pero a los efectos que aquí nos interesa no entro en la diferencia entre BFA/Bankia.

Y es de agradecer porque en esta apatía de jurisprudencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la que vivimos desde 2016, lo cierto es que lo fácil hubiera sido despacharse el tema por la vía rápida, por la simple conclusión de que no habiendo delito alguno en las personas físicas no puede haber responsabilidad penal de las empresas en cuyo seno actuaban.

Pero a lo importante ¿dice algo interesante en la materia?

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Sobre el auto de imputación de FCC por delito de corrupción en transacciones internacionales

El diario panameño, La Prensa ha publicado el Auto de 29 de octubre de 2019 por el que el Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de la Audiencia Nacional imputa a FCC y algunas de sus filiales por su presunta participación en una trama de corrupción internacional (en Panamá).

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Que viene el lobo. O no.

Revisando jurisprudencia en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica he tenido dos revelaciones. La primera ha sido como un sentimiento de vacío existencial al comprobar que sentía el eco del ruido del teclado en la base de datos de jurisprudencia. Parece mentira, pero 9 años después de la entrada en vigor de la cosa, las sentencias jugosas en la materia se cuenten con los dedos de la mano y encima te sobran dedos.

Me paso media vida diciéndole a todo el mundo que vigilen con este tema, que el derecho penal corporativo va a ser la gran amenaza del futuro y que el derecho penal está cambiando pero, la verdad, es que mi profecía (la mía y de algunos más) cada vez se parece más a la fábula de pedro y el lobo.

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Homecoming: El compliance en serie

El Compliance Officer, Thomas Carrasco, interpretado por el actor Shea Whigham en Homecoming

Una llamada anónima, una de muchas, a un buzón de denuncias. Una impresora que transcribe el contenido de cada llamada. Una sala gris donde un grupo de laboriosos oficiales de cumplimiento tienen la misión de descartar o procesar las denuncias que van llegando.

Esta sería, si me dan a eligir, la imagen que yo escogería de Homecoming, la serie que emite la plataforma de streaming Prime Vídeo con una desmaquillada Julia Roberts como protagonista.

Pues sí. Si eres un compliancer nivel pro.  Si eres un forofo del penal corporativo. Si buscas en cada nueva sentencia del Supremo sobre responsabilidad penal de la persona jurídica como si fuera un rasca de la ONCE. ¡Esta tu serie!

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