Vale. Empiezo por rectificar el título. Lo que allí es costumbre aquí no debería serlo.
Por si te has perdido, estoy hablando de corrupción internacional. De soborno de funcionario extranjero para ser más claro.
Dicho de otro modo, la cuestión es si:
¿Los tribunales españoles pueden perseguir a nuestras empresas por delitos de corrupción en el extranjero? O ¿lo que pasa en Sudán del Sur se queda en Sudan del Sur? Sigue leyendo
Uno de los aspectos más descuidados en el ejercicio del abogado en los Tribunales es el examen de testigos en el juicio oral.
Cuando yo empecé había pocos estudios sobre el tema y en la Facultad de Derecho ni se planteaba. De hecho sigue habiendo poca información práctica en España y la poca que hay se limita en muchos casos a hablar de preguntas cerradas o abiertas.
Este post está inspirado en la lectura reciente de La construcción de los interrogatorios desde la teoría del caso de Hesbert Benavente Chorres cuya lectura recomiendo.
Aquí van algunos puntos basados en mi propia experiencia:
Los testigos son vulnerables recipientes de información. Sigue leyendo
Esta semana tenía señalado juicio en el Juzgado de lo Penal número 27 de Barcelona. Me sorprendió (gratamente) el hecho de que el titular de dicho Juzgado había dado instrucciones de que en su Sala los acusados se sentaran en el estrado junto a sus abogados y no en el lugar que habitualmente le corresponde, al fondo de la sala, según la práctica forense. Sigue leyendo
En un extraño cruce de ideas (o de información) me ha venido este post, algo alejado de mi tono habitual, pero es viernes y hacer calor.
La cuestión es que tras leer la acertada crítica de José María de Pablo en su blog acerca de la ocurrencia de establecer un límite temporal a las Instrucción de las causas penales, se me encendió la luz.¡Claro! ¿Cómo se nos había ocurrido antes? si los proceso penales se eternizan…, pues los acortamos por decreto. Bien, si se aprueba la reforma, las instrucciones simples durarán 6 meses y las complejas 18. Sigue leyendo
La publicidad de procesos mediáticos como el Caso Gürtel o Nóos ha puesto en boca de muchos una figura algo olvidada en la práctica forense y que, sin embargo, desde el punto de vista práctico puede dar mucho juego al denunciante y más de un dolor de cabeza al cónyuge, heredero o socio del denunciado.
El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. (artículo 122 del código penal)
Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nos recuerda la importancia para los abogados defensores de atacar al menor indicio de irregularidad las resoluciones que autorizan las entradas y registros en el domicilio , así como cualquier otra diligencia de prueba que afecte a los derechos fundamentales de nuestros defendidos.
Aquí, hay que ser muy claro, al decir que la garantía constitucional no se cumple con la mera autorización judicial, ni siquiera con un Auto “motivado” emitido por el Juez instructor. Es obligación de todo buen defensor profundizar en las particularidades de la resolución, desde la competencia del juez instructor que acuerda la entrada y registro, hasta los criterios de proporcionalidad constitucionalmente establecidos. Sigue leyendo
La cuestión que planteo en este post es la posibilidad de impugnar la prueba vídeo-gráfica obtenida en el puesto de trabajo del acusado dentro de un proceso penal, pero no desde la perspectiva del derecho a la intimidad (que, a veces, tiene dificultades insalvables) sino desde la perspectiva del derecho constitucional a la protección de datos.
Supongamos el caso del empleado cuya acción delictiva en el puesto de trabajo es captada por cámaras de vídeo ubicadas en el entorno de trabajo.
La doctrina constitucional ha venido aceptado (con salvedades y requisitos basados en la proporcionalidad de la medida) que este tipo de prueba aportadas al proceso penal (o laboral) no constituyen per se un violación del derecho a la intimidad y, por tanto, constituyen prueba de cargo válida.
Sin embargo, es muy interesante el Fallo y Fundamentos Jurídicos de una reciente Sentencia del Tribunal Constitucional (STC de 11 de febrero de 2013) que declara la nulidad de la prueba vídeo-gráfica por vulneración del derecho fundamental contenido en el apartado 4 del artículo 18 de la Constitución.
La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”
Artículo 18.4 CE
La Sentencia abre la posibilidad por parte de las defensas de impugnar estas grabaciones realizadas por cámaras instaladas en el trabajo por esta vía constitucional.
Aunque el caso enjuiciado proviene de la jurisdicción laboral, entiendo que los fundamentos expresados por el Tribunal Constitucional son plenamente aplicables a la jurisdicción penal por su afectación a derechos fundamentales.
¿Qué dice el Tribunal Constitucional en este caso?
Primero, que:
Está fuera de toda duda que las imágenes grabadas en un soporte físico, como ha ocurrido en el caso de autos, constituyen un dato de carácter personal que queda integrado en la cobertura del art. 18.4 CE”
Y, segundo, afirma que el derecho fundamental a la protección de datos:
fue vulnerado con la utilización no consentida ni previamente informada de las grabaciones para un fin, desconocido por el afectado, de control de su actividad laboral”
En consecuencia, da amparo al recurrente y declara la nulidad del la prueba.
Desde luego, la Sentencia no crea jurisprudencia y, de hecho, cuenta con el Voto Particular discrepante del Magistrado Ollero Tassara, pero deja una puerta abierta de impugnaciones que deberemos tener en cuenta quienes profesionalmente nos encontremos con este tipo de pruebas en nuestra contra.
