La impugnación de escuchas telefónicas en el proceso penal

La base de cualquier impugnación de una escucha telefónica está en la consideración de que el derecho al secreto de las telecomunicaciones es un derecho fundamental garantizado por el artículo 18 CE.

También por los pactos internacionales en materia de derechos fundamentales:

Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el articulo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

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Por tanto, la intervención teléfonica constituye una injerencia en nuestros derechos fundamentales que en el caso de ser ilícita podrá hacerse valer ante la propia instancia judicial penal, ante el Tribunal Constitucional o, llegado el caso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que:

No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”

Dese el punto de vista procesal, la intervención telefónica se regula en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien es la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que nos da realmente las pautas sobre la validez de la prueba.

Así,

El imputado podrá pedir la nulidad de las escuchas telefónicas y, en consecuencia, que sean invalidadas como prueba de cargo:

  • Cuando la intervención no sea acordada judicialmente o, siendo acordada por el juez, la resolución no esté suficientemente motivada. Es una potestad exclusiva del juez que, además, debe tener una mínima motivación en cuanto a los indicios para su adopción, el objeto de la investigación, los sujetos afectados y el tiempo de duración.
  • Cuando no sea adoptada por el Juez competente o fuera del proceso jurisdiccional. En esencia se trata de una extensión del derecho a un juez predeterminado por la ley, aunque el Tribunal Supremo ha dicho que la falta de competencia territorial es un defecto subsanable, especialmente si el Tribunal considera que hay razones de urgencia en la adopción de la medida.
  • Cuando la intervención telefónica no sea proporcional a la finalidad que se persigue con la misma. Por ejemplo, deberiamos plantearnos la nulidad de la intervención telefónica en aquellos casos en los que el investigador hubiera tenido a su alcance otros medios de investigación menos lesivos.
  • Cuando tras ser acordada por el Juez se pierda el control judicial durante su desarrollo. No es suficiente con el control judicial de la medida en el momento de su adopción, de modo que el Juez en sus resoluciones debe acordar los mecanismos de realización de la intervención y, por su parte, los agentes actuantes deberán tener debidamente informado al juez del curso de la investigación.

Algunas cuestiones clave sobre el delito contra la Hacienda Pública.

Si hay algún tipo delictivo en el que el legislador tiene auténtico afán reformista este es el delito contra la Hacienda Pública (artículo 305 CP) . No hay reforma del Código Penal de la que salga indemne. La última la LO 7/2012 que reforma el tipo penal de arriba a abajo.

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Y es que el legislador, cada vez con más frecuencia, se olvida de cuestiones tan poco prácticas como el bien jurídico protegido o el principio de proporcionalidad en favor de la instrumentalización del Código Penal como arma de políticas activas.

En el caso del delito contra la Hacienda Pública el afán es cobrar más que penalizar. 

La reforma operada por L0 7/2012 introdujo varios cambios:

  • La creación de uns subtipo agravado para fraude superior a los 600.000 euros con penas que van de los 2 a los 6 años. Lo que implica que este delito queda fuera, a priori, de los beneficios suspensión de la pena del articulo 80 CP.
  • La prescripción del delito será a los 5 años en el caso del fraude común y de 10 años en el caso del tipo agravado para más de 600.000 euros. Sin embargo, la prescripción administrativa de la deuda tributaria es de 4 años. Lo que implica que el delito será perseguible aún cuando la deuda administrativa hubiera prescrito.
  • El deudor quedará exonerado de responsabilidad penal por regularización si reconoce y hace pago efectivo de la deuda tributaria siempre que lo haga antes de que se le notifique la investigación administrativa o se presente la acción penal.
  • La incoación del procedimiento penal no paralizará la acción de cobro por parte de la Agencia Tributaria que podrá ejecutar la deuda por vía administrativa, salvo que el juez acuerde lo contrario.

Es decir, que a la vez que se aumentan las penas y se alargan los plazos de prescripción se mejora la formula de regularización de pago como fórmula absolutoria. Teniendo en cuenta que la reforma se realizó poco después de la denominada “aministía fiscal” especial del 2012. ¿Está pensando el legislador en pasar cuentas  a quienes no se acogieron a tan generosa regularización?

La validez de la prueba obtenida por “hallazgo casual”

En este post comentamos un caso que resuelve en casación el Tribunal Supremo respecto a la condena a dos guardia civiles por agresiones (delito de tortura) realizadas a un sospechoso en el interior del vehículo policial en el que lo trasladaban tras su detención.

A raíz de un investigación por supuesto tráfico de drogas en el que los sospechosos son dos miembros de la guardia civil,  un juzgado autoriza la instalación de un  dispositivo de escucha en el vehículo policial. En esa escucha, y sin tener nada que ver con el objeto de investigación, se registra el audio de una agresión a un sospechoso que era conducido en el vehículo.

Se trata de un “hallazgo casual” por injerencia en la intimidad autorizada para la investigación de otro delito que nada tenía que ver con estos hechos.

¿Es válida la prueba obtenida en estas circunstancias respecto a personas que no eran objeto de investigación?

El Tribunal Supremo en esta Sentencia de 14/05/2013 AFIRMA QUE SE TRATA DE UNA PRUEBA VÁLIDAMENTE OBTENIDA y que no se conculcan con ello los derechos fundamentales del acusado.

En concreto, respecto al recurso de uno de los agentes condenados por tortura que no estaba siendo investigado respecto al tráfico de drogas, y que hacía valer la vulneración de su derecho a la intimidad, el Tribunal afirma que  es:

un hallazgo casual derivado de una medida de injerencia válidamente adoptada y justificada aunque uno de los interlocutores de la conversación no fuera sospechoso del delito, inicialmente investigado…”