Cada vez hay mas tipos penales que integran un elemento normativo de carácter administrativo (delito fiscal, Seguridad Social, fraude de subvenciones o blanqueo de capitales). Esto supone que buena parte de los causas penales dirigidas contra administradores de sociedades (de hecho, de derecho, apoderados o directivos con responsabilidad…) tienen su origen en investigaciones administrativas precedentes, en cuyo curso se hayan detectado indicios de delito (más allá del ilícito administrativo que se pretendía sancionar)
Parte de la prueba de cargo que en el proceso penal se despliegan contra estas personas proviene de información o documentación que sus propias empresas habían facilitado en el procedimiento administrativo sancionador precedente. Leer más “Castillo de Naipes (La autoincriminación y la RPPJ)”
