¿Qué delitos pueden ser investigados por interceptación de comunicaciones?

La intervención de las comunicaciones por vía tecnológica es un procedimiento que debería ser excepcional por su tendencia invasora hacia el investigado y hacia terceros ajenos a la investigación cuyas conversaciones con el susodicho también se interceptan. Ese compiyogui…

Pues bien, la nueva regulación de estas intervenciones (LO 13/2015) establece cuales son los delitos para los que pueden ser autorizada judicialmente la intervención.

¿Cuáles?

Aparecen en el 588 ter a, relacionado con el 579.1,  en el nuevo redactado de la reforma de la LECrim (LO 1/2015) Sigue leyendo

Intervención de comunicaciones. El fiscal de la triste figura.

No existía, y ya era hora, una regulación de los pinchazos  (es una forma de hablar) de comunicaciones en el curso de una investigación penal.

Hasta la fecha, más bien hasta la LO 13/2015,  lo del tema de la licitud o no de las intervenciones de las comunicaciones se iba resolviendo a salto de mata, que si sentencia del Constitucional por aquí, que una del Supremo por allá. Caso por caso (ad casum, que es como se dice en jurisprudencio, la lengua de los tribunales) y casi siempre para dejar a las defensas con un palmo de narices. Sigue leyendo

La impugnación de escuchas telefónicas en el proceso penal

La base de cualquier impugnación de una escucha telefónica está en la consideración de que el derecho al secreto de las telecomunicaciones es un derecho fundamental garantizado por el artículo 18 CE.

También por los pactos internacionales en materia de derechos fundamentales:

Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el articulo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

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Por tanto, la intervención teléfonica constituye una injerencia en nuestros derechos fundamentales que en el caso de ser ilícita podrá hacerse valer ante la propia instancia judicial penal, ante el Tribunal Constitucional o, llegado el caso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que:

No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”

Dese el punto de vista procesal, la intervención telefónica se regula en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien es la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que nos da realmente las pautas sobre la validez de la prueba.

Así,

El imputado podrá pedir la nulidad de las escuchas telefónicas y, en consecuencia, que sean invalidadas como prueba de cargo:

  • Cuando la intervención no sea acordada judicialmente o, siendo acordada por el juez, la resolución no esté suficientemente motivada. Es una potestad exclusiva del juez que, además, debe tener una mínima motivación en cuanto a los indicios para su adopción, el objeto de la investigación, los sujetos afectados y el tiempo de duración.
  • Cuando no sea adoptada por el Juez competente o fuera del proceso jurisdiccional. En esencia se trata de una extensión del derecho a un juez predeterminado por la ley, aunque el Tribunal Supremo ha dicho que la falta de competencia territorial es un defecto subsanable, especialmente si el Tribunal considera que hay razones de urgencia en la adopción de la medida.
  • Cuando la intervención telefónica no sea proporcional a la finalidad que se persigue con la misma. Por ejemplo, deberiamos plantearnos la nulidad de la intervención telefónica en aquellos casos en los que el investigador hubiera tenido a su alcance otros medios de investigación menos lesivos.
  • Cuando tras ser acordada por el Juez se pierda el control judicial durante su desarrollo. No es suficiente con el control judicial de la medida en el momento de su adopción, de modo que el Juez en sus resoluciones debe acordar los mecanismos de realización de la intervención y, por su parte, los agentes actuantes deberán tener debidamente informado al juez del curso de la investigación.

La validez de la prueba obtenida por “hallazgo casual”

En este post comentamos un caso que resuelve en casación el Tribunal Supremo respecto a la condena a dos guardia civiles por agresiones (delito de tortura) realizadas a un sospechoso en el interior del vehículo policial en el que lo trasladaban tras su detención.

A raíz de un investigación por supuesto tráfico de drogas en el que los sospechosos son dos miembros de la guardia civil,  un juzgado autoriza la instalación de un  dispositivo de escucha en el vehículo policial. En esa escucha, y sin tener nada que ver con el objeto de investigación, se registra el audio de una agresión a un sospechoso que era conducido en el vehículo.

Se trata de un “hallazgo casual” por injerencia en la intimidad autorizada para la investigación de otro delito que nada tenía que ver con estos hechos.

¿Es válida la prueba obtenida en estas circunstancias respecto a personas que no eran objeto de investigación?

El Tribunal Supremo en esta Sentencia de 14/05/2013 AFIRMA QUE SE TRATA DE UNA PRUEBA VÁLIDAMENTE OBTENIDA y que no se conculcan con ello los derechos fundamentales del acusado.

En concreto, respecto al recurso de uno de los agentes condenados por tortura que no estaba siendo investigado respecto al tráfico de drogas, y que hacía valer la vulneración de su derecho a la intimidad, el Tribunal afirma que  es:

un hallazgo casual derivado de una medida de injerencia válidamente adoptada y justificada aunque uno de los interlocutores de la conversación no fuera sospechoso del delito, inicialmente investigado…”