Intervención de comunicaciones. El fiscal de la triste figura.

No existía, y ya era hora, una regulación de los pinchazos  (es una forma de hablar) de comunicaciones en el curso de una investigación penal.

Hasta la fecha, más bien hasta la LO 13/2015,  lo del tema de la licitud o no de las intervenciones de las comunicaciones se iba resolviendo a salto de mata, que si sentencia del Constitucional por aquí, que una del Supremo por allá. Caso por caso (ad casum, que es como se dice en jurisprudencio, la lengua de los tribunales) y casi siempre para dejar a las defensas con un palmo de narices. Sigue leyendo

Castillo de Naipes (La autoincriminación y la RPPJ)

Cada vez hay mas  tipos penales que integran un elemento normativo de carácter administrativo (delito fiscal, Seguridad Social, fraude de subvenciones o blanqueo de capitales). Esto supone que buena parte de los causas penales dirigidas contra administradores de sociedades (de hecho, de derecho, apoderados o directivos con responsabilidad…) tienen su origen en investigaciones administrativas precedentes, en cuyo curso se hayan detectado indicios de delito (más allá del ilícito administrativo que se pretendía sancionar)

Parte de la prueba de cargo que en el proceso penal se despliegan contra estas personas proviene de información o documentación que sus propias empresas habían facilitado en el procedimiento administrativo sancionador precedente. Sigue leyendo

La nulidad de la entrada y registro por falta de gravedad de los indicios del delito

Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nos recuerda la importancia para los abogados defensores de atacar al menor indicio de irregularidad las resoluciones que autorizan las entradas y registros en el domicilio , así como cualquier otra diligencia de prueba que afecte a  los derechos fundamentales de nuestros defendidos.

Aquí, hay que ser muy claro, al decir que la garantía constitucional no se cumple con la mera autorización judicial, ni siquiera con un Auto “motivado” emitido por el Juez instructor. Es obligación de todo buen defensor profundizar en las particularidades de la resolución, desde la competencia del juez instructor que acuerda la entrada y registro, hasta los criterios de proporcionalidad constitucionalmente establecidos. Sigue leyendo