No existía, y ya era hora, una regulación de los pinchazos (es una forma de hablar) de comunicaciones en el curso de una investigación penal.
Hasta la fecha, más bien hasta la LO 13/2015, lo del tema de la licitud o no de las intervenciones de las comunicaciones se iba resolviendo a salto de mata, que si sentencia del Constitucional por aquí, que una del Supremo por allá. Caso por caso (ad casum, que es como se dice en jurisprudencio, la lengua de los tribunales) y casi siempre para dejar a las defensas con un palmo de narices. Sigue leyendo
