La nulidad de la entrada y registro por falta de gravedad de los indicios del delito

Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nos recuerda la importancia para los abogados defensores de atacar al menor indicio de irregularidad las resoluciones que autorizan las entradas y registros en el domicilio , así como cualquier otra diligencia de prueba que afecte a  los derechos fundamentales de nuestros defendidos.

Aquí, hay que ser muy claro, al decir que la garantía constitucional no se cumple con la mera autorización judicial, ni siquiera con un Auto “motivado” emitido por el Juez instructor. Es obligación de todo buen defensor profundizar en las particularidades de la resolución, desde la competencia del juez instructor que acuerda la entrada y registro, hasta los criterios de proporcionalidad constitucionalmente establecidos. Sigue leyendo

La protección de datos como derecho fundamental en el proceso penal. La impugnación de la prueba vídeo-gráfica

La cuestión que planteo en este post es la posibilidad de impugnar la prueba vídeo-gráfica obtenida en el puesto de trabajo del acusado dentro de un proceso penal, pero no desde la perspectiva del derecho a la intimidad (que, a veces, tiene dificultades insalvables) sino desde la perspectiva del derecho constitucional a la protección de datos.

Supongamos el caso del empleado cuya acción delictiva en el puesto de trabajo es captada por cámaras de vídeo ubicadas en el entorno de trabajo.

La doctrina constitucional ha venido aceptado (con salvedades y requisitos basados en la proporcionalidad de la medida) que este tipo de prueba aportadas al proceso penal (o laboral) no constituyen per se un violación del derecho a la intimidad y, por tanto, constituyen prueba de cargo válida.

Sin embargo, es muy interesante el Fallo y Fundamentos Jurídicos de una reciente Sentencia del Tribunal Constitucional (STC de 11 de febrero de 2013) que declara la nulidad de la prueba vídeo-gráfica por vulneración del derecho fundamental contenido en el apartado 4 del artículo 18 de la Constitución.

La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”

Artículo 18.4 CE

La Sentencia abre la posibilidad por parte de las defensas de impugnar estas grabaciones realizadas por cámaras instaladas en el trabajo por esta vía constitucional.

Aunque el caso enjuiciado proviene de la jurisdicción laboral, entiendo que los fundamentos expresados por el Tribunal Constitucional son plenamente aplicables a la jurisdicción penal por su afectación a derechos fundamentales.

¿Qué dice el Tribunal Constitucional en este caso?

Primero, que:

Está fuera de toda duda que las imágenes grabadas en un soporte físico, como ha ocurrido en el caso de autos, constituyen un dato de carácter personal que queda integrado en la cobertura del art. 18.4 CE”

Y, segundo, afirma que el derecho fundamental a la protección de datos:

fue vulnerado con la utilización no consentida ni previamente informada de las grabaciones para un fin, desconocido por el afectado, de control de su actividad laboral”

En consecuencia, da amparo al recurrente y declara la nulidad del la prueba.

Desde luego, la Sentencia no crea jurisprudencia y, de hecho, cuenta con el Voto Particular discrepante del Magistrado Ollero Tassara, pero deja una puerta abierta de impugnaciones que deberemos tener en cuenta quienes profesionalmente nos encontremos con este tipo de pruebas en nuestra contra.

La impugnación de escuchas telefónicas en el proceso penal

La base de cualquier impugnación de una escucha telefónica está en la consideración de que el derecho al secreto de las telecomunicaciones es un derecho fundamental garantizado por el artículo 18 CE.

También por los pactos internacionales en materia de derechos fundamentales:

Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el articulo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

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Por tanto, la intervención teléfonica constituye una injerencia en nuestros derechos fundamentales que en el caso de ser ilícita podrá hacerse valer ante la propia instancia judicial penal, ante el Tribunal Constitucional o, llegado el caso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que:

No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”

Dese el punto de vista procesal, la intervención telefónica se regula en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien es la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que nos da realmente las pautas sobre la validez de la prueba.

Así,

El imputado podrá pedir la nulidad de las escuchas telefónicas y, en consecuencia, que sean invalidadas como prueba de cargo:

  • Cuando la intervención no sea acordada judicialmente o, siendo acordada por el juez, la resolución no esté suficientemente motivada. Es una potestad exclusiva del juez que, además, debe tener una mínima motivación en cuanto a los indicios para su adopción, el objeto de la investigación, los sujetos afectados y el tiempo de duración.
  • Cuando no sea adoptada por el Juez competente o fuera del proceso jurisdiccional. En esencia se trata de una extensión del derecho a un juez predeterminado por la ley, aunque el Tribunal Supremo ha dicho que la falta de competencia territorial es un defecto subsanable, especialmente si el Tribunal considera que hay razones de urgencia en la adopción de la medida.
  • Cuando la intervención telefónica no sea proporcional a la finalidad que se persigue con la misma. Por ejemplo, deberiamos plantearnos la nulidad de la intervención telefónica en aquellos casos en los que el investigador hubiera tenido a su alcance otros medios de investigación menos lesivos.
  • Cuando tras ser acordada por el Juez se pierda el control judicial durante su desarrollo. No es suficiente con el control judicial de la medida en el momento de su adopción, de modo que el Juez en sus resoluciones debe acordar los mecanismos de realización de la intervención y, por su parte, los agentes actuantes deberán tener debidamente informado al juez del curso de la investigación.

La validez de la prueba obtenida por “hallazgo casual”

En este post comentamos un caso que resuelve en casación el Tribunal Supremo respecto a la condena a dos guardia civiles por agresiones (delito de tortura) realizadas a un sospechoso en el interior del vehículo policial en el que lo trasladaban tras su detención.

A raíz de un investigación por supuesto tráfico de drogas en el que los sospechosos son dos miembros de la guardia civil,  un juzgado autoriza la instalación de un  dispositivo de escucha en el vehículo policial. En esa escucha, y sin tener nada que ver con el objeto de investigación, se registra el audio de una agresión a un sospechoso que era conducido en el vehículo.

Se trata de un “hallazgo casual” por injerencia en la intimidad autorizada para la investigación de otro delito que nada tenía que ver con estos hechos.

¿Es válida la prueba obtenida en estas circunstancias respecto a personas que no eran objeto de investigación?

El Tribunal Supremo en esta Sentencia de 14/05/2013 AFIRMA QUE SE TRATA DE UNA PRUEBA VÁLIDAMENTE OBTENIDA y que no se conculcan con ello los derechos fundamentales del acusado.

En concreto, respecto al recurso de uno de los agentes condenados por tortura que no estaba siendo investigado respecto al tráfico de drogas, y que hacía valer la vulneración de su derecho a la intimidad, el Tribunal afirma que  es:

un hallazgo casual derivado de una medida de injerencia válidamente adoptada y justificada aunque uno de los interlocutores de la conversación no fuera sospechoso del delito, inicialmente investigado…”