¿Qué es un partícipe a título lucrativo?

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La publicidad de procesos mediáticos como el Caso Gürtel o Nóos ha puesto en boca de muchos una figura algo olvidada en la práctica forense y que, sin embargo, desde el punto de vista práctico puede dar mucho juego al denunciante y más de un dolor de cabeza al cónyuge, heredero o socio del denunciado.

 El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. (artículo 122 del código penal)

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La responsabilidad civil por delitos cometidos en el ámbito de la empresa

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Nuestro Código Penal establece diversos supuestos en los que la empresa (ya sea una sociedad o un autónomo) debe indemnizar por  los daños y perjuicios ocasionados a la víctima o víctimas de un delito.

En concreto, se establecen tres supuestos. De los cuales, dos de ellos obligan al empresario a indemnizar con carácter subsidiario por los delitos cometidos por el autor. Y, en el tercero, se establece una obligación directa de pago, que será solidaria con el autor de los hechos. Sigue leyendo

El caso AGBAR, un buen ejemplo de cumplimiento normativo.

Quizá muchos no conozcan qué es el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

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El Pacto de Naciones Unidas es una iniciativa internacional que pretende implementar 10 principios en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en los modelos de gestión de las empresas.

Cualquier empresa puede suscribirse al Pacto pagando una cuota anual y comprometiéndose a cumplir los principios cuyo progreso el asociado debe exponer en un reporte anual.

Uno de los riesgos del Pacto es la tentación que puedan tener muchas empresas de utilizarlo como mero elemento “estético” sin contenido real.

Sin embargo, hace algún tiempo tuve oportunidad de conocer en una Jornada Organizada por AEBALL  como algunas empresas habían desarrollado en torno al cumplimiento normativo una auténtica ventaja reputacional que es todo un ejemplo para quienes consideran que las medidas de compliance no son mas que una traba pesada impuesta por un legislador omnipresente.

El caso de AGBAR.

¿Qué ha hecho AGBAR?

Pues ha creado un modelo de cumplimiento normativo con especial incidencia en el ámbito medioambiental su punto de fuerte de actividad y en torno a las relaciones laborales. También ha creado un plan de prevención de riesgos penales en cumplimiento de la normativa penal. Y, todo ello lo ha hecho en torno a la marca Pacto Mundial, y en cumplimiento de sus principios, permitiéndole positivizar este esfuerzo de cara al exterior, con buena imagen comercial y reputacional. Todo un ejemplo a seguir.

Due diligence de riesgos penales (I)

La Due Diligence es un porceso auditor previo a la formalización de un proceso inversor o de adquisición de empresa.

Por lo general, tras la firma de un documento de intenciones los compradores o inversores acceden a través de auditores a las áreas de negocio de la empresa vendedora en un proceso auditor cuyo objetivo principal es el conocimiento exahustivo de la empresa y, en particular, la existencia de contingencias ocultas.

La revisión contable, laboral y fiscal son esenciales y ningún proceso inversor debería culminar sin realizar al menos una revisión de estos aspectos de la empresa.  Pero también la revisión de los activos y busqueda de pasivos ocultos, auditoria laboral.. etc. .. En función del negocio habrá aspectos más o menos relevantes en la Due Diligence.

La Due Diligence no sólo sirve para detectar riesgos sino que aporta un conocimiento profundo de la empresa provocando una mayor sinergia con el inversor que detecta puntos fuertes desde una perspectiva externa.

¿Y los riesgos penales? ¿Deben ser auditados?

Existen dos razones para que dentro del proceso Due Diligence se realice una auditoria de los riesgos de comisión de delitos en el seno de la empresa:

  • Desde el punto de vista de la responsabilidad civil existen obligaciones de indemnización por parte de la persona jurídica en muchos casos. El artículo 120 del Código Penal hace  expresa mención a las obligaciones indemnizatorias por delitos cometidos en el seno de la empresa. Por ejemplo, según el 120.4 serán responsables civiles:

Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios”

  • Desde el punto de vista penal, la Lo 5/2010 reformó el Código Penal estableciendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas que supone la sanción penal de la empresa como tal por delitos cometidos por administradores o dependendientes por cuenta y en provecho de la empresa. Sanciones que van desde la multa pecuniaria hasta el cese de la actividad empresarial.

Conocer la existencia de procesos judiciales de este tipo ya existentes o el riesgo y la existencia o no de mecanismos de prevención forma parte de la auditoria o Due Diligence Penal cuyos aspectos específicos expondré en otro post.