La circular 1/2016 también analiza, como es lógico, el modelo de gestión o compliance de la persona jurídica en cuento a sus requisitos y efectos de exención de la responsabilidad penal.
Por partes,
En cuanto a los principios generales:
La circular de la Fiscalía nos recuerda, muy acertadamente, cual es el verdadero sentido de los programas de cumplimiento corporativo: Sigue leyendo
La circular 1/2016 de la FGE sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas dedica el punto 2.5 al requisito de incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control que exige el segundo supuesto de atribución de responsabilidad.
En este segundo supuesto de imputación de la persona jurídica, se establece el criterio de transferencia de responsabilidad penal para los casos de delitos cometidos por personas sin autoridad.
b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. (31 bis 1 b) cp)
Seguimos con las entradas relativas a la Circular 1/2016 de la FGE. En esta entrada me detengo en los criterios de imputación, según la interpretación de la Fiscalía. La cuestión, aunque pueda antojarse teórica (que lo es) no puede quedar al margen de su aplicación en la práctica procesal
¿Qué modelo de responsabilidad establece el Código Penal para las empresas?
Antes de entrar en materia, recordar para no iniciados que el 31 bis establece dos supuestos de responsabilidad penal: Sigue leyendo
Ya tenemos circular de la FGE sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el que se analiza profusamente los aspectos más significativos de la reforma del Código Penal en la materia.
Sin perjuicio de que dedicaré mas entradas a la Circular, de indudable interés, no he podido resistirme a empezar casi por el final, es decir, por los criterios de para valorar la eficacia de los modelos de gestión y control a los que dedica el punto 5.6.
Es indudable su interés práctico porque son estos criterios los que nos tienen que marcar las pautas de los programas de compliance de incipiente implantación en nuestras empresas. En la mayoría de los casos hemos acudido a criterios de derecho comparado o de propio sentido común que no debemos perder de vista. Ahora tenemos también los criterios de la FGE.
Los resumo aquí: Sigue leyendo
Todos conocemos la noticia que ha sacado la BBC. Se trata de una investigación que estaría llevando a cabo la TIU (The Tennis Integrity Unit) por amaño de partidos entre tenistas.
A mi no me sorprende que se pueda amañar un partido. Lo que me llama la atención es la dimensión del escándalo. Si la noticia es cierta, el amaño de partidos tiene un recorrido de 10 años y, habría afectado a unos 16 jugadores que han llegado a estar entre los 50 primeros del ranking ATP, con conexiones con varios grupos organizados de apuesta. En fin, que no se trata de casos aislados. Sigue leyendo
El pasado mes de Noviembre, el Departamento de Justicia Norteamericano (DOJ) anunció la contratación de Hui Chen como asesora en materia de compliance.
Se trata de una decisión que ya venía siendo anunciada y de la que ya hablé en un anterior post (Guía rápida para jueces ¿Cómo evaluar la eficacia de un modelo de compliance penal) y que viene dada por la necesidad de evaluar los modelos de compliance implementados en las empresas objeto de investigación.
Según una información publicada en El Español, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por las grandes petroleras contra su imputación por un delito contra el mercado y los consumidores.
En Septiembre de 2014, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella contra Repsol, Galp, Cepsa, Disa y Meroil por un delito contra el mercado y los consumidores por alteración de los precios que habría de resultar de la libre competencia. Sigue leyendo
