¿Qué delitos pueden ser investigados por interceptación de comunicaciones?

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La intervención de las comunicaciones por vía tecnológica es un procedimiento que debería ser excepcional por su tendencia invasora hacia el investigado y hacia terceros ajenos a la investigación cuyas conversaciones con el susodicho también se interceptan. Ese compiyogui…

Pues bien, la nueva regulación de estas intervenciones (LO 13/2015) establece cuales son los delitos para los que pueden ser autorizada judicialmente la intervención.

¿Cuáles?

Aparecen en el 588 ter a, relacionado con el 579.1,  en el nuevo redactado de la reforma de la LECrim (LO 1/2015) Sigue leyendo →

Intervención de comunicaciones. El fiscal de la triste figura.

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No existía, y ya era hora, una regulación de los pinchazos  (es una forma de hablar) de comunicaciones en el curso de una investigación penal.

Hasta la fecha, más bien hasta la LO 13/2015,  lo del tema de la licitud o no de las intervenciones de las comunicaciones se iba resolviendo a salto de mata, que si sentencia del Constitucional por aquí, que una del Supremo por allá. Caso por caso (ad casum, que es como se dice en jurisprudencio, la lengua de los tribunales) y casi siempre para dejar a las defensas con un palmo de narices. Sigue leyendo →

Gómez Olmeda vs Spain. Una sentencia que no es noticia

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La prensa y redes sociales se han hecho eco de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Gómez Olmeda vs España  en la que se condena a el Estado Español por vulneración del artículo 6.1 del CEDH (derecho a un juicio equitativo).

En resumen,

El demandante vio agravada su pena en segunda instancia sin que la Audiencia Provincial convocara vista para ser oído el acusado. Ésta vista había sido sustituida por la reproducción de vídeo del juicio oral celebrado en primera instancia. Sigue leyendo →

Comentarios: 1ª Sentencia del Supremo que condena a una persona jurídica

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Esta es la primera sentencia dictada por el Tribunal Supremo (Sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 154/16 de 29 de febrero, Ponente Sr. Maza Martín) en la que se condena a una empresa (persona jurídica)

Aquí comento algunas de las consideraciones que nos da la sentencia:

Presupuesto de responsabilidad persona jurídica: Responsabilidad por hecho propio. Sigue leyendo →

La responsabilidad penal de los directivos por actos de sus subordinados

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Los miembros del órgano de administración de un sociedad mercantil y sus directivos tienen riesgo de ser condenados por los delitos cometidos por los empleados de la compañía en determinados supuestos.

En este artículo damos las claves de la responsabilidad penal de los administradores y directivos por los delitos cometidos en la empresa por sus subordinados y como evitarlo.

La empresa como fuente de peligro

La injerencia de la jurisdicción penal en la empresa viene precedida por este concepto del derecho penal moderno: La empresa es una fuente de riesgo de comisión de ilícitos penales. Sigue leyendo →

Circular 1/2016 (IV) el #compliance como exención de la responsabilidad penal

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La circular 1/2016 también analiza, como es lógico, el modelo de gestión o compliance de la persona jurídica en cuento a sus requisitos y efectos de exención de la responsabilidad penal.

Por partes,

En cuanto a los principios generales:

La circular de la Fiscalía nos recuerda, muy acertadamente, cual es el verdadero sentido de los programas de cumplimiento corporativo: Sigue leyendo →

Circular 1/2016 (III) ¿Una disminución de la intervención punitiva?

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La circular 1/2016 de la FGE sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas dedica el punto 2.5 al requisito de incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control que exige el segundo supuesto de atribución de responsabilidad.

En este segundo supuesto de imputación de la persona jurídica, se establece el criterio de transferencia de responsabilidad penal para los casos de delitos cometidos por personas sin autoridad.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. (31 bis 1 b) cp)

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