Guía rápida para jueces ¿Cómo evaluar la eficacia de un modelo de compliance penal?

Hace unos días la web del DOJ (Departament of Justice) publicó una nota de prensa en la que se daba cuenta de una conferencia de la Jefa de la División Criminal, Leslie Caldwell. Podéis leer su intervención en un Seminario de Compliance y Ética para entidades financieras aquí.

El contenido de este discurso es sumamente interesante por dos cuestiones:

En primer lugar, se anuncia que el DOJ contará a partir de ahora con un departamento Asesor en Cumplimiento. Bajo la afirmación,

Somos fiscales, no profesionales del compliance…”

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Castillo de Naipes (La autoincriminación y la RPPJ)

Cada vez hay mas  tipos penales que integran un elemento normativo de carácter administrativo (delito fiscal, Seguridad Social, fraude de subvenciones o blanqueo de capitales). Esto supone que buena parte de los causas penales dirigidas contra administradores de sociedades (de hecho, de derecho, apoderados o directivos con responsabilidad…) tienen su origen en investigaciones administrativas precedentes, en cuyo curso se hayan detectado indicios de delito (más allá del ilícito administrativo que se pretendía sancionar)

Parte de la prueba de cargo que en el proceso penal se despliegan contra estas personas proviene de información o documentación que sus propias empresas habían facilitado en el procedimiento administrativo sancionador precedente. Sigue leyendo

¿Hasta cuando puede personarse el perjudicado con su abogado en el proceso penal?

Repasando jurisprudencia, me he encontrado con una reciente Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (STS 25/06/2015) que recuerda un cambio de criterio operado en 2005 respecto a la personación de las acusaciones particulares una vez precluido el trámite de calificación por parte de la defensa.

Esta cuestión tiene su interés desde el punto de vista práctico ya que a veces ocurre que la víctima, ajena a las cuestiones de procedimiento, acude al despacho cuando es citada al juicio para testigo. Esto impedía antes la realización de ninguna actuación, ya que cualquier intento de personación en el procedimiento se consideraba extemporánea y era directamente rechazada. Sigue leyendo

El riesgo de la extraterritorialidad de las legislaciones anglosajonas.

Nuestras empresas están haciendo un esfuerzo cada vez mayor de internacionalización. Tanto la crisis económica doméstica como la vocación expansiva de algunas de nuestras empresas le están llevando a conquistar territorios de economías desconocidas, economías emergente, donde los niveles de corrupción superan la media internacional.

Si alguien lo desea puede ver el mapa de resultados de  transparencia de Transparency International del año 2014. Por cierto, España no sale muy bien parada. Sigue leyendo

¿Qué es un partícipe a título lucrativo?

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La publicidad de procesos mediáticos como el Caso Gürtel o Nóos ha puesto en boca de muchos una figura algo olvidada en la práctica forense y que, sin embargo, desde el punto de vista práctico puede dar mucho juego al denunciante y más de un dolor de cabeza al cónyuge, heredero o socio del denunciado.

 El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. (artículo 122 del código penal)

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La protección de datos como derecho fundamental en el proceso penal. La impugnación de la prueba vídeo-gráfica

La cuestión que planteo en este post es la posibilidad de impugnar la prueba vídeo-gráfica obtenida en el puesto de trabajo del acusado dentro de un proceso penal, pero no desde la perspectiva del derecho a la intimidad (que, a veces, tiene dificultades insalvables) sino desde la perspectiva del derecho constitucional a la protección de datos.

Supongamos el caso del empleado cuya acción delictiva en el puesto de trabajo es captada por cámaras de vídeo ubicadas en el entorno de trabajo.

La doctrina constitucional ha venido aceptado (con salvedades y requisitos basados en la proporcionalidad de la medida) que este tipo de prueba aportadas al proceso penal (o laboral) no constituyen per se un violación del derecho a la intimidad y, por tanto, constituyen prueba de cargo válida.

Sin embargo, es muy interesante el Fallo y Fundamentos Jurídicos de una reciente Sentencia del Tribunal Constitucional (STC de 11 de febrero de 2013) que declara la nulidad de la prueba vídeo-gráfica por vulneración del derecho fundamental contenido en el apartado 4 del artículo 18 de la Constitución.

La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”

Artículo 18.4 CE

La Sentencia abre la posibilidad por parte de las defensas de impugnar estas grabaciones realizadas por cámaras instaladas en el trabajo por esta vía constitucional.

Aunque el caso enjuiciado proviene de la jurisdicción laboral, entiendo que los fundamentos expresados por el Tribunal Constitucional son plenamente aplicables a la jurisdicción penal por su afectación a derechos fundamentales.

¿Qué dice el Tribunal Constitucional en este caso?

Primero, que:

Está fuera de toda duda que las imágenes grabadas en un soporte físico, como ha ocurrido en el caso de autos, constituyen un dato de carácter personal que queda integrado en la cobertura del art. 18.4 CE”

Y, segundo, afirma que el derecho fundamental a la protección de datos:

fue vulnerado con la utilización no consentida ni previamente informada de las grabaciones para un fin, desconocido por el afectado, de control de su actividad laboral”

En consecuencia, da amparo al recurrente y declara la nulidad del la prueba.

Desde luego, la Sentencia no crea jurisprudencia y, de hecho, cuenta con el Voto Particular discrepante del Magistrado Ollero Tassara, pero deja una puerta abierta de impugnaciones que deberemos tener en cuenta quienes profesionalmente nos encontremos con este tipo de pruebas en nuestra contra.