Circular 1/2016 (III) ¿Una disminución de la intervención punitiva?

La circular 1/2016 de la FGE sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas dedica el punto 2.5 al requisito de incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control que exige el segundo supuesto de atribución de responsabilidad.

En este segundo supuesto de imputación de la persona jurídica, se establece el criterio de transferencia de responsabilidad penal para los casos de delitos cometidos por personas sin autoridad.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. (31 bis 1 b) cp)

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La AN ve indicios de delito en los pactos de precios de las petroleras

gasolineraSegún una información publicada en El Españolla Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por las grandes petroleras contra su imputación por un delito contra el mercado y los consumidores.

En Septiembre de 2014, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella contra Repsol, Galp, Cepsa, Disa y Meroil por un delito contra el mercado y los consumidores por alteración de los precios que habría de resultar de la libre competencia. Sigue leyendo

Castillo de Naipes (La autoincriminación y la RPPJ)

Cada vez hay mas  tipos penales que integran un elemento normativo de carácter administrativo (delito fiscal, Seguridad Social, fraude de subvenciones o blanqueo de capitales). Esto supone que buena parte de los causas penales dirigidas contra administradores de sociedades (de hecho, de derecho, apoderados o directivos con responsabilidad…) tienen su origen en investigaciones administrativas precedentes, en cuyo curso se hayan detectado indicios de delito (más allá del ilícito administrativo que se pretendía sancionar)

Parte de la prueba de cargo que en el proceso penal se despliegan contra estas personas proviene de información o documentación que sus propias empresas habían facilitado en el procedimiento administrativo sancionador precedente. Sigue leyendo

¿Qué es un partícipe a título lucrativo?

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La publicidad de procesos mediáticos como el Caso Gürtel o Nóos ha puesto en boca de muchos una figura algo olvidada en la práctica forense y que, sin embargo, desde el punto de vista práctico puede dar mucho juego al denunciante y más de un dolor de cabeza al cónyuge, heredero o socio del denunciado.

 El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. (artículo 122 del código penal)

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La responsabilidad penal del administrador por vía del artículo 31 del código penal

El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre. (Artículo 31 Código Penal, LO 1/2015)

 El artículo 31 del Código Penal establece un sistema de responsabilidad penal para las personas físicas que ostente cargos de dirección o administración de una persona jurídica (o representación de una persona física) para aquellos caso en los que el delito se englobe dentro de los denominados delitos especiales impropios.

Los delitos especiales impropios son aquellos  en los que cualquiera no puede ser autor, sino que requieren del sujeto activo (el autor) una cualidad o cualidades específicas. Por ejemplo, en el delito contra la Hacienda Pública solo el obligado tributario reúne las cualidades específicas que el delito requiere. De modo que si la sociedad anónima X defrauda a hacienda, sólo la sociedad podría ser autora del delito y, no su administrador o su director financiero ya que no son los directamente obligados ante Hacienda. Sigue leyendo

La responsabilidad civil por delitos cometidos en el ámbito de la empresa

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Nuestro Código Penal establece diversos supuestos en los que la empresa (ya sea una sociedad o un autónomo) debe indemnizar por  los daños y perjuicios ocasionados a la víctima o víctimas de un delito.

En concreto, se establecen tres supuestos. De los cuales, dos de ellos obligan al empresario a indemnizar con carácter subsidiario por los delitos cometidos por el autor. Y, en el tercero, se establece una obligación directa de pago, que será solidaria con el autor de los hechos. Sigue leyendo