El delito, o mejor dicho los delitos, de tráfico de influencias tipifican las conductas, provenientes de un particular u otro funcionario público, tendentes a influir en un un funcionario (o autoridad) para que dicte una resolución que le pueda generar un beneficio directo o indirecto.

Se trata de una influencia que debe realizarse mediante prevalimiento:

Prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo si la conducta la realiza otro funcionario o autoridad.

Prevaliéndose de cualquier relación personal si la conducta la realiza un particular.

La STS 393/21 de 20 de octubre realiza una sistematización de la jurisprudencia en la materia recogiendo los elementos integradores de estos delitos, de forma que permite diferenciar las conductas antijurídicas de aquella que son socialmente aceptadas:

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