Hace unas semanas el Presidente del Tribunal de Justicia de Andalucía, Lorenzo Del Rio, abogaba por la creación de Juzgados de Instrucción especializados en delitos económicos en determinadas zonas geográficas como la Costa del Sol con el objetivo de agilizar este tipo de procesos.

En la mente del Magistrado están los macro-procesos en materia de corrupción que todos conocemos, pero a mi modo de ver existen razones más que sobradas para la creación de Juzgados especializados en delitos económicos (no sólo relacionados con la corrupción) en todo el territorio, cuanto menos a nivel provincial.

Los delitos económicos tienen peculiaridades específicas que los diferencian del resto de delitos denominados clásicos.

1. Tarde o tempano tendrá que plantearse la especialización de los Juzgados de Instrucción, como ya se hizo en el 2004 con la creación de Juzgados contra la Violencia de la Mujer hoy deberia plantearse lo mismo respecto a los delitos económicos. A los juzgados de instrucción se les está exigiendo demasiado (juicios rápidos, juicios de faltas, medidas cautelares patrimoniales y personales y, en muchos casos, son juzgados mixtos)  y las instrucciones de causas económicas rara vez son sencillas.
2. La mayoría de los delitos económicos basculan sobre tramas societarias, fiscales, internacionales o contables que dan al proceso una específica complejidad que exige de conocimientos en materias tradicionalmente alejadas del derecho penal (derecho mercantil o contabilidad.
3. El resarcimiento civil en este tipo de delitos es un gran handicap para los Juzgados de Instrucción tradicionales acostumbrados a la simplicidad del embargo y declaración de insolvencia. En estos casos la pieza separada de responsabilidad civil exige una investigación tanto o más compleja que la propia instrucción de la causa penal.

1. Un último argumento en favor de este tipo de juzgados especificos es que cada vez es mayor la presión penal sobre este tipo de delitos. Pronto los juzgados no sólo tendrán que atender una mayor número de tipos económicos sino que tendrán que evaluar cuestiones como la responsabilidad penal de las personas jurídicas o la validez o no de sistemas de prevención criminal corporativa. Todo un reto para nuestro actual sistema.